Los políticos justifican ambas cámaras (Senado y Congreso) porque en ellas se están utilizando sistemas electorales distintos y, además, están dotadas de idénticos poderes. Sin embargo, debido a su similar
composición partidista, las decisiones que toman ambas cámaras son
sustancialmente las mismas.
Otro último argumento a favor de la supervivencia del Senado es
que sirvan como "cámaras de reflexión" cuya finalidad sea enfriar los
debates más apasionados del Congreso y así revisar las leyes que este apruebe mediante una "segunda lectura" más reposada y objetiva.
Aunque en teoría ello sería posible, en general no resulta así: el senado está
dominado por los partidos y estos se comportan igual en el senado que en el
Congreso. El senador vota, no teniendo conciencia sobre lo mejor para sus electores o por el país, sino según lo que le ordena
el líder parlamentario, por eso se cuestiona la utilidad del gasto en
legisladores.
La composición es incoherente y sus funciones,
con alguna excepción, duplican y están claramente subordinadas al Congreso.
Los senadores solo pueden formular preguntas, interpelaciones y mociones: ni
participan en la elección del presidente ni tampoco, por tanto, pueden interponer
mociones de censura ni cuestiones de confianza. Aunque pueden enmendar leyes
previamente aprobadas por el Congreso, tales enmiendas pueden ser rechazadas
por este último. El Senado se limita a actuar como cámara para
arreglar parches, proceso que dilata aún más las reformas legislativas.
El Senado cuenta con un presupuesto de unos 51 millones de euros, esta cantidad no representa un gran porcentaje del déficit, pero es un símbolo clarísimo de la ineficiencia e inoperancia de la clase política a la hora de aplicar reformas estructurales sin que afecten nada al bienestar social. Incluye gastos absurdos, por ejemplo, 350.000 euros al año para traducir las intervenciones de los políticos que hablan el mismo idioma.
El senado está compuesto por: 208 senadores
electos por los ciudadanos mediante sistema mayoritario, más un numero de
designados, 57, por las comunidades autónomas. Lo indica la Constitución de 1978.
El Senado se ha convertido desde hace mucho
en un cementerio de elefantes (se
acumulan ya siete expresidentes autonómicos), donde los partidos apoltronan a
políticos que ven completar sus sueldos (de expresidentes, de alcaldes, de
diputados autonómicos…) con una retribución adicional como senadores por un trabajo cuestionable y sin
dedicación exclusiva como, por ejemplo, Luis Bárcenas y Leire Pajín. Además, que ciertos responsables directos de la situación de práctica insolvencia de Cataluña, Castilla-La Mancha, o Andalucía (tres comunidades rescatadas por el Fondo de
Liquidez Autonómica), como José Montilla, José María Barreda o Manuel Chaves, sean mantenidos con fondos públicos en una
cámara inútil es una insultante paradoja del destino. Es como si Mario Conde continuara cobrando de Banesto como consultor.
Miquel Roca comentó, en una cena de hace años, que había recibido una
llamada muy molesta del entonces presidente del Senado, quien le recriminó
que hubiera afirmado en un medio que “el Senado no valía para nada”. En
la llamada, el presidente convino en que, efectivamente, el Senado no servía
para nada, pero le dijo que era mejor no
decirlo públicamente.
Hace
dos semanas Francisco Granados, que dimitió
de su cargo de senador tras descubrirse una cuenta suya en Suiza, ha afirmado que “llevo dos años apretando un
botón según los dedos que me indican”,
El senador
Xose Manuel Pérez Bouza (de BNG)
reconoce que el senado no sirve para nada.
Ya desde
hace muchos años, el mundo académico
y político se preguntan por la validez del Senado y se realizan ejercicios
sobre su reforma. Hasta ahora nada se ha avanzado.
También, pensamos nosotros, habría que reorganizar, e incluso cerrar, Diputaciones, el
Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, el Tribunal
Constitucional, e incluso fusionar las autonomías con menos de 1,5 millones de
personas (Asturias, Cantabria, Murcia, La Rioja, Extremadura)
